Cuba da luz verde al sector privado pero con mayor control oficial

El otorgamiento de licencias para el trabajo privado en Cuba se reinició este viernes, luego de la implementación de nuevas regulaciones que han provocado insatisfacción y algunas de las cuales fueron modificadas a última hora.

“Las regulaciones aprobadas parecen más un programa para limitar y reprimir el crecimiento del sector privado que una política dirigida a fomentarlo e incorporarlo a las prioridades económicas de Cuba”, han dicho analistas. La ministra de trabajo y seguridad social, Margarita González, reiteró sin embargo “la voluntad del gobierno de consolidarlo”.

Las disposiciones, anunciadas en agosto y aplicadas hoy, tienen el objetivo, según las autoridades, de ordenar esa forma de trabajo no estatal que ya agrupa a más de 588 mil personas, lo que representa el 13 por ciento de la fuerza laboral cubana.

Antes de la aplicación de estas medidas se realizaron seminarios con los trabajadores del sector cuyas actividades sufrieron algún cambio, reuniones en las que, según reconoció la ministra, “hubo irregularidades” y se dieron “explicaciones no correctas”.

De ahí que la titular del ramo y otros funcionarios de diferentes organismos vinculados al tema se vieran obligados a comparecer ante la televisión estatal para anunciar las modificaciones realizadas y ofrecer explicaciones.

“Se obtuvieron criterios y experiencias que han sido evaluados y se decidió probar algunas modificaciones y hay otras que se están evaluando”, explicó González.

“Tenemos confianza en la dirección colectiva y en el vínculo permanente con el pueblo, garantizando su participación en las tareas revolucionarias y en la toma de decisiones”, escribió en tanto en su cuenta en Twitter el presidente Miguel Díaz-Canel.

El cambio más significativo es la eliminación del límite de una licencia por persona, “partiendo del criterio de que no debe haber diferencia con el sector estatal” donde está permitido el pluriempleo, dijo la ministra.

No obstante, el incremento de los trámites a realizar, las prohibiciones y las exigencias a cumplir convierten a estas disposiciones en “la venganza del burócrata”, en opinión del economista estadounidense Richard Feinberg.

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