Niega Estado acto partidario en reclamo de Corral

El secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, negó que las acusaciones realizadas por el gobernador Javier Corral Jurado sobre represalias financieras en contra de la entidad por su lucha anticorrupción sean parte de un acto político, como lo señaló el presidente Enrique Peña Nieto, ya que existe sustento para estas denuncias.

Jáuregui recalcó que el Estado presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia porque el Gobierno de la República incumplió a Chihuahua un convenio firmado con todas las entidades, argumentando primero que no tenía disponibilidad presupuestal para entregar los 700 millones de pesos acordados, y además que el Estado cuestionó la legalidad de este instrumento al haber señalado que se utilizó para desviar recursos durante la pasada administración, específicamente los 250 millones que se triangularon para la campaña priísta del 2016 y en donde habría tenido participación el ex secretario adjunto del CEN tricolor, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, actualmente detenido.

Prueba del “castigo” que se aplicó únicamente al gobierno estatal es la declaración del mandatario panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, quien aseguró que sí recibió estos recursos extraordinarios, porque Chihuahua ha expandido los señalamientos de corrupción a instancias más allá de sus fronteras.

“Es un acuerdo que se estableció con todas las entidades, hoy Yunes el gobernador de Veracruz declarar que a ellos sí se los dieron, se los fiero a todos los estados menos a Chihuahua lo que les correspondía… el ejercicio de la prueba nos lo trasladan a nosotros que comprobemos que no es el vehículo controvertido para hacer frente a la distribución de estos recursos”.

El funcionario puntualizó que “si se les ha acusado de pillos” es porque los recursos provenientes de estos acuerdos llegaron a parar al PRI pero que en el documento suscrito en diciembre por el gobierno estatal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece claramente el destino del dinero.

Abundó que la retención de este dinero afecta directamente a la obra pública de diversos municipios como Nonoava, Bachíniva, etc., la cual se encuentra paralizada.

“La vía natural es la que establece la Constitución en su Artículo 115, la controversia constitucional, un diferendo que hay de una entidad federativa con la federación que se debe resolver por la Suprema Corte de Justicia de la Federación… el convenio es jurídico totalmente, ellos lo suscribieron no hay forma de negarlo, es público y un acto jurídico institucional para dar validez o legalidad, hoy la federación reniega”.

Jefe de Información