Presenta Ayuntamiento controversia constitucional ante SCJN

El secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros, presentó esta mañana ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la controversia constitucional en contra del Decreto de Reforma a la Constitución del Estado, respecto del Sistema Estatal Anticorrupción y en particular, por lo relacionado con el órgano interno de control de los municipios.

Lo anterior, con el propósito de que la Suprema Corte determine que es un error dar facultades fiscalizadoras a una figura política, que por ser una posición de elección popular, no puede exigírsele experiencia profesional ni perfil académico para el ejercicio de la labor de fiscalización y que por ello mismo no puede tampoco ser removida de su cargo, como lo es el caso de los síndicos municipales.

Rentería Manqueros, explicó que la razón fundamental por la que el Gobierno Municipal Independiente ejerce esta acción, es evitar en un futuro problemas que puedan llevar incluso a la ingobernabilidad de los municipios.

“No es posible dejar una labor tan importante como es la fiscalización y la sanción de funcionarios municipales en manos de un actor político, llámese síndico actual, llámense síndicos futuros, me refiero a la figura del síndico”, aclaró.

Afirmó que la designación de los síndicos municipales como órganos internos de control fue una ocurrencia del Congreso del Estado de Chihuahua, ya que en ningún otro estado se ha observado la misma situación.

“Primero hubo una reforma constitucional que crea el sistema nacional, este impone a las entidades federativas que adopten sus sistemas estatales anticorrupción, pero estas disposiciones no contemplan para los estados la obligación de señalar a los síndicos municipales como órganos internos del control, es una ocurrencia de nuestro Congreso”, expuso el secretario del Ayuntamiento.

Aseguró que las especificaciones que se contienen en la reforma constitucional a nivel estatal de manera responsable, a efecto de lograr fiscalizadores imparciales y técnicos, no tiene por qué ser distinto a nivel municipal, ya que con estas acciones, colocan al municipio en una situación grave y peligrosa al designar como fiscalizador a una persona que por naturaleza es un actor político.