Tras masacre, omite CEDH recomendación

La falta de supervisión de los centros de rehabilitación en la entidad y los desacatos a la misma Ley General de Salud no son hasta el momento razones para emitir una recomendación en contra del Estado por la masacre ocurrida el pasado martes.

Asi lo detalló el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), José Luis Armendáriz González, quien aseguró que mientras no se tenga claro si hubo desacato no emitirán recomendaciones, pero continuarán trabajando de la mano con la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones.

El Ombudsman reconoció que no hay una supervisión real a estos centros, debido a que la apertura de los mismos por egresados de centros de rehabilitación es una constante en el estado y enfatizó en que no existe un apoyo del Estado en materia económica para mejorar la infraestructura y personal especializado para la atención a víctimas.

El Estado, contemplado en las administraciones de José Reyes Baeza, César Duarte y Javier Corral, ha incumplido con los ordenamientos de la Ley General de Salud en materia de atención a farmacodependientes, ya que desde el 2009 fue reformada para considerar las acciones en contra del narcomenudeo.

Esta ley contempla en su artículo 192 lo siguiente:

Para el tratamiento de los farmacodependientes, las dependencias y entidades de la administración pública en materia de salubridad general, tanto federales como locales, deberán crear centros especializados en tratamiento, atención, y rehabilitación, con base en sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el respeto a la integridad y a la libre decisión del farmacodependiente.
En este sentido en Chihuahua no existen centros especializados en tratamiento y rehabilitación, dejando todo a particulares que trabajan desde diferentes técnicas los procesos de rehabilitación, pero no cuentan con personal especializado para esto.

Armendáriz González señaló que el proceso de rehabilitación no se da debido a que hay una relación entre esto y la falta de apoyos económicos a los centros por parte del Gobierno, considerando que muchas personas tienen la intención de ayudar en estos procesos pero no cuentan con los recursos ni infraestructura.

Otro desacato que se ha dado durante ocho años tiene que ver con el padrón de instituciones y organismos públicos o privados que realicen actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de farmacodependencia.

En este tenor mañana se presentará una iniciativa por el presidente de la comisión de seguridad en el Congreso Local, Gabriel García Cantú, para exigir a la Fiscalía General y a la Secretaría de Salud un padrón de los centros de rehabilitación, pero también los datos de los internos de cada uno de estos.