Analizan violencia política contra las mujeres

Esta mañana en la sede del Poder Legislativo se realizó el primer foro para conocer los avances que se tienen en relación a los derechos políticos de la mujer y el tema de la violencia política contra las mujeres.

En este foro se dio una revisión histórica a los avances que se han tenido y en torno a la violencia política se tiene un avance de la inclusión dentro de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, propuesta por la diputada de Morena, Leticia Ortega Máynez.

Dentro de la iniciativa para tipificar la violencia política presentada por la diputada Blanca Gámez se contempla imponer de tres a siete años de prisión, y de cien a mil días de multa, así como tratamiento integral especializado, a quienes ejerzan violencia política en contra de las mujeres en el estado de Chihuahua.

Para esto la legisladora propuso reformar el código penal en su artículo 30 donde se adicionará una fracción V y se reformará la denominación del capítulo II del Título Décimo, así como el artículo 198 y se deroga el título vigésimo cuarto junto con su capítulo único y los artículos 334 al 344, para quedar redactados de la siguiente manera:

Artículo 198. A quien por sí, o a través de terceros, por medio de cualquier acción u omisión realizada en contra de una mujer por razón de género, que cause daño físico, psicológico, sexual o económico y tenga por objeto o resultado la restricción, suspensión o impedimento del ejercicio de sus derechos políticos, incluyendo el ejercicio del cargo; o la induzca u obligue, por cualquier medio, a tomar decisiones en contra de su voluntad acerca de esos mismos derechos, se le impondrá de tres a siete años de prisión, de cien a mil días multa, y tratamiento integral especializado enfocado a la erradicación de la violencia política.
Además la pena se aumentará en una mitad cuando este delito se cometa contra mujeres embarazadas, adultas mayores, de pueblos originarios, en condición de discapacidad, sin instrucción escolarizada básica o por orientación sexual e identidad de género; o cuando sea perpetrado por quien está en el servicio público, por superiores jerárquicos, integrantes de partidos políticos o por persona que esté en funciones de dirección en la organización política donde participe la víctima.