Una nueva oportunidad para los dreamers

Los Ángeles.-  Yunuen Bonaparte tiene 27 años y no puede planear su futuro. Me lo dice con mirada resignada mientras mueve una cucharita en su taza de té. Si obtiene un empleo, si recibe financiamiento para ir a la escuela, si alquila un lugar donde vivir, no sabe cuánto le durará el gusto: el presidente de Estados Unidos puede hacer de un plumazo que todo eso sea ilegal. Y, después de eso, con un golpe en la puerta, un agente de inmigración podría detenerla e iniciar un proceso de deportación en su contra. “Cada día tengo que pensar dónde voy a estar en los próximos meses. Cuando iba a la escuela mis compañeras me decían: ‘Mi mamá dice que puedo hacer lo que yo quiera en la vida’. Para mí siempre ha sido diferente”.

El 21 de julio el senador demócrata Richard Durbin presentó ante el congreso estadounidense una nueva versión del DREAM Act, la propuesta de ley que podría regularizar la situación de más de un millón y medio de jóvenes inmigrantes como Yunuen, conocidos como dreamers. Son chicos que fueron traídos a Estados Unidos siendo menores de edad; han crecido y se han educado en la cultura estadounidense y, al llegar a la edad adulta, se han visto privados del acceso a un empleo, a la educación superior o de recibir servicios públicos porque carecen de un número de seguridad social al que solo tienen derecho los ciudadanos, residentes permanentes o residentes con ciertos tipos de visas. La etiqueta para ellos: ilegal. La consigna: “Go back to your country”. A un país que la mayoría no recuerda.

Desde 2001 se han presentado cinco versiones diferentes de la propuesta y siempre ha sido rechazada. Por esta razón, en 2012 el presidente Barack Obama anunció la acción ejecutiva conocida como DACA, que da protección temporal a jóvenes como Yunuen a través de un número de seguridad social temporal que les permite continuar con su vida, pero que no les da residencia permanente y puede echarse para atrás con otra acción ejecutiva del presidente en turno. Durante su campaña por la presidencia, Donald Trump dijo que lo haría. La amenaza mantiene en un limbo a casi 800 mil jóvenes registrados en el programa, que este 15 de agosto cumple cinco años de haber entrado en vigor.

Paradójicamente, es en la administración del propio Trump que se ha vuelto a abrir una ventana para el DREAM Act. La nueva propuesta[2], firmada también por el republicano Lindsey Graham, conserva el espíritu de la primera versión pero es más generosa en otros aspectos. Las personas que llegaron al país siendo menores de 18 años –antes el límite era 15– y que han vivido aquí de manera continua al menos cuatro años –antes era cinco– podrán ser beneficiarios cuando completen dos años de educación superior o de servicio en las fuerzas armadas, o cuando hayan estado empleados por al menos tres años. Esta última previsión es nueva y da una oportunidad a quienes no quieren o no pueden ir a la universidad. Otro cambio importante es que no establece un límite en la edad actual del solicitante. Cumpliendo estos requisitos, los beneficiarios pueden recibir una residencia legal en el país hasta por ocho años, con opción para acceder a la ciudadanía.

La aprobación del DREAM Act en estos términos no es una concesión hacia estos jóvenes, sino una deuda de la sociedad estadounidense con ellos. La migración de sus familias suele ser una decisión en la que ellos no han tomado parte y de la cual no son responsables. Inician una vida de cero, aprenden el idioma y la cultura, van a la escuela como cualquier otro chico estadounidense. Son estadounidenses de facto y no tienen un delito por el cual se les deba perseguir: la jurisprudencia sobre el tema reconoce que los niños que han venido al país sin documentos no lo han hecho por su voluntad, por lo cual no son responsables de su estatus migratorio; esta es la razón por la que pueden recibir educación gratuita hasta la preparatoria. El DREAM Act, además de ser un acto de justicia social, resolvería un hoyo negro legislativo que no dice qué hacer con ellos una vez que se gradúan.

Lo anterior puede servir como argumento moral, pero existen también argumentos económicos sólidos que hacen que, aunque parezca necio impulsar una nueva versión del DREAM Act cuando el Partido Republicano tiene el control del congreso, la defensa de la iniciativa tenga mayor sustento en esta ocasión.