Marcha atrás a la venta de Casa de Gobierno; analizan su destino

La finca ubicada en la avenida Zarco que fue utilizada como residencia oficial de gobierno durante los sexenios de César Duarte Jáquez y José Reyes Baeza, se mantendrá como parte de los inmuebles de Gobierno del Estado al decidir el gabinete de Javier Corral que no se venderá, como lo había anunciado el mandatario en un plan de austeridad y recuperación de recursos económicos.

La residencia, con un valor superior a los 35 millones de pesos, se pretendía subastar desde la llegada de Javier Corral Jurado al gobierno. Él mismo anunció la venta en la exposición de motivos del proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el 2017 que presentó ante el congreso local.

Fue en el mes de diciembre que se anunció por primera vez la intención de vender la casa de gobierno, que no era ocupada por Javier Corral al haber optado por continuar residiendo en su casa de la colonia Campanario.

Junto con el inmueble, se anunció también la venta de la flota aérea propiedad del gobierno, activos que siguen en el proyecto de subasta, a diferencia de la finca de la avenida Zarco, la cual finalmente no será comercializada.
En enero del año en curso el gobernador Javier Corral Jurado anunció un plan de austeridad, al que se habría de apegar toda la administración estatal, en dicho decreto, se instruyó iniciar con la venta de la casa de gobierno y varios terrenos más.

En el séptimo artículo del decreto, el gobernador propuso al congreso local autorizar la desincorporación para objeto de venta de la casa de gobierno y oficina alterna del gobernador. Ambos inmuebles se ubican al interior de la finca ubicada en la avenida Zarco, de la colonia con el mismo nombre.

La superficie del terreno es de 5 mil 833.92 metros cuadrados y la superficie de construcción es de 2 mil 821.86 metros cuadrados.

Tras la publicación del decreto de austeridad, la Secretaría de Hacienda inició con el proceso de avalúo de la finca que finalmente determinó un valor en el mercado de 35 millones de pesos, precio base sobre el que se subastaría la propiedad.

Una vez que se obtuvo el avalúo de la casa, el comité de patrimonio del gobierno estatal deliberó sobre la iniciativa que se enviaría al congreso estatal para la desincorporación de la finca, para así iniciar el proceso de subasta.

La discusión se prolongó, ya que no había consenso sobre si se vendería o no la propiedad. Durante varias semanas se cuestionó sobre el tema al secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, siempre respondía que se había pospuesto la sesión del comité.

Hace cuatro semanas varios secretarios del gabinete confirmaron que la discusión sobre la venta de la casa había pasado a segundo plano, ya que no había mayoría a favor de comercializar el inmueble.

Incluso se propusieron usos alternos como centro de rehabilitación del DIF Estatal, convertirla en museo o dedicarla a oficinas gubernamentales.

Hasta el momento se descarta que pudiera funcionar como centro de rehabilitación, debido a que la construcción está llena de escaleras.

El gabinete estatal decidió por mayoría dar marcha atrás a la venta de la casa de gobierno, cuyo destino es incierto. Por el momento la finca funciona como centro de operaciones del grupo especial que lleva a cabo los procedimientos contra exfuncionarios estatales acusados de corrupción.